La Habana y el proceso de la primera independencia de Hispanoamérica

Dr. Arturo Sorhegui D´Mares
La problemática de si Cuba participó o no en el proceso de la primera independencia de Hispanoamérica, iniciada en 1808, puede ser considerada una de las exégesis obligadas en ocasión de la celebración en este año del doscientos aniversario del inicio de nuestra gesta liberadora.

Desde el punto de vista europeo, el año 1808 se enmarca en el concierto de la guerra española por su independencia, que se manifestó, también, en la librada por Rusia contra Francia en 1812, en la llevada a efecto por Alemania contra esa misma potencia en 1813, y la que debió protagonizar el  propio país galo en 1792, contra una coalición de fuerzas europeas.  En el caso hispanoamericano, la repercusión de este proceso se enmarca en su transformación en una serie de Estados autónomos, influidos por una ideología burguesa  y liberal, que era el resultado de un proceso de evolución interna anterior en que el avance de nuevos espacios regionales americanos entraron en pugna, en muchas ocasiones, con los  antiguos centros del poder metropolitano (virreinatos y Audiencias); como consecuencia, en parte, de las nuevas opciones productivas propiciadas por sectores no vinculados exclusivamente a la minería, y que tuvieron, con la entronización de los Borbones (siglo XVIII), opciones de  incremento económico .

La nueva evolución no fue ajena, además, a fuerzas propiciatorias de una franca y fuerte tendencia hacia la autonomía, una vez que el mercado español resultó rebasado por las producciones americanas; se redujo al mínimo el volumen de su comercialización -como consecuencia de la derrota de la marina española en Trafalgar (1805)-; y disminuyó su capacidad para continuar surtiendo, con sus productos tradicionales, una parte del consumo americano, como resultado de la destrucción ocasionada al trasladarse a su propio territorio el escenario de la guerra librada por ingleses y franceses e hispanos.

Singularidades de La Habana

Entre el concierto de los territorios hispanoamericanos La Habana era objeto desde la segunda mitad del siglo XVIII de una evolución singular, como resultado de la formación, a partir de los antiguos funcionarios, comerciantes y ganaderos de un nuevo grupo social, el de plantadores azucareros-cafetaleros –también denominados hacendados, sacarocracia, burguesía cubana y burguesía esclavista-, quienes van a promover una transformación esencial en la evolución económico y social de la isla: la del tránsito de una Sociedad Criolla a una Sociedad Esclavista.

Esta trayectoria fue favorecida por los elementos más dinámicos de la sociedad anterior que, a diferencia de lo ocurrido en las Antillas inglesas y francesas, la llevaron a efecto sin contar con propietarios absentistas metropolitanos, y a favor de los propios sectores insulares. En síntesis, el proceso plantacionista tan provechoso hasta ese momento para franceses e ingleses en Saint Domingue, Barbados, Jamaica y otros territorios, se llevó a vías de hecho en el occidente cubano, en beneficio de las fuerzas endógenas con capacidad para, a partir de su propia riqueza acumulada, promover una economía esclavista intensiva –superior a las producciones esclavistas precedentes en la Isla-, y de connotaciones diferentes a las colonias de plantación propiciadas por las anteriormente mentadas metrópolis europeas.

La necesidad de llevar a efecto esta nueva evolución económica social aglutinó en la Isla a hacendados, comerciantes y beneficiarios en general de la transformación plantacionista. Ello ocurre con especial claridad desde 1792, cuando Francisco de Arango y Parreño, en su condición de apoderado del cabildo habanero ante la Corte de Madrid, desde 1788, presenta en su “Discurso de la Agricultura en La Habana y los medios para fomentarla” un plan dirigido a aprovechar a favor del occidente cubano la ruina de Haití (1791). Los pasos a seguir llevarían a La Habana a convertirse en la principal productora mundial de azúcar y café, siempre y cuando se superaran las limitaciones enumeradas por Arango en forma de inconvenientes, en lo relacionado con la entrada masiva de negros esclavos, al acceso directo a las producciones insulares al mercado mundial, la articulación de instituciones originales que hicieran posible el empeño planteado, y la asunción de resguardos militares y de índole social que evitaran le sobreviniera a Cuba lo mismo que a la desdichada Haití.

El hecho de que la Corte española asumiera en un corto período de tiempo las recomendaciones de Arango, ha sido considerado por especialistas españoles , una prueba de las relaciones del grupo habanero con las altas esferas del gobierno hispano, y, lo que es más importante, la beligerancia de ese grupo insular dentro de la Corte metropolitana. El surgimiento en la isla de una elite militar habanera, según la ha calificado el historiador norteamericano Allan J. Kuethe , ha sido estimada una de las consecuencias de la aplicación de un nuevo pacto colonial, surgido de la intención hispana de adaptarse al dominio disfrutado en América por los ingleses como consecuencia de sus éxitos en la Guerra de los Siete Años.

Fue en La Habana donde tuvo mayor influencia el grupo aragonés, liderado por el conde de Aranda, y cuyo primo hermano, Ambrosio Funes de Villalpando, conde de Ricla, fue el capitán general que reasumió el gobierno hispano de la gran Antilla, una vez finalizada la ocupación de la plaza por los británicos en 1763. En el criterio de Ricla la única respuesta al grado de dominio alcanzado por los ingleses por tierra y mar en territorio americano, era otorgándoseles a los criollos una mayor beligerancia en la defensa de sus propios territorios, para lo cual se les entregaría, en condición de coroneles, la dirección de los destacamentos de la milicia reformada, que luego se lucirían en los campos de batalla de la Luisiana, Alabama, Mississippi y las Floridas, en el concierto de la Guerra de Independencia de las 13 Colonias.

En retribución a los servicios prestados por las principales familias criollas en el desempeño de sus nuevas responsabilidades militares y económicas, se les concedió el fuero militar, y la isla tuvo franquicias especiales para la comercialización de sus productos, la entrada de negros esclavos, la organización en su búsqueda de viajes directos al África, y la aplicación, mucho antes que en otros espacios de América, del sistema de Intendencias. Una de las consecuencias de todas estas prerrogativas fue el que los criollos más encumbrados enviaran sus hijos a estudiar en España, en la Escuela Militar de Segovia, donde se formó una buena parte de la oficialidad que participaría después en la guerra de independencia española.

Como ha expresado con anterioridad el historiador cubano Manuel Moreno Fraginals, vale la pena recordar la beligerancia de las familias habaneras en los medios madrileños. Joaquín de Santa Cruz Cárdenas, conde de Santa Cruz de Mopox y Jaruco, grande de España, fue el socio en negocios americanos de Manuel Godoy, y todavía éste, en 1840, exiliado en Londres, estaba recibiendo dinero de Cuba. Su esposa, María Teresa Montalvo y O’Farrill, fue amante de José Bonaparte; y un familiar de ella, Gonzalo de O’Farrill y Herrera, se desempeñó como ministro de la Guerra durante el reinado de Carlos IV, entregando en 1808 Madrid a los franceses. Primo de Francisco de Arango y Parreño, era uno de los oficiales de artillería, iniciadores del 2 de mayo (Rafael Arango del Castillo); y familiar suyo, también, el segundo del general Francisco Javier Castaños, en la batalla de Bailén (Andrés Arango) . Por si fuera poco, los guards de corps de que disponía Fernando VII, para su custodia personal, eran, en una proporción a considerar, procedentes de la Isla.

El desempeño de Arango y Parreño en la Corte madrileña es digno, asimismo, de considerarse. Luego de responder con éxito a todas las impugnaciones que les fueron presentadas a su plan (Discurso de la Agricultura….) por los integrantes de la Suprema Junta de Estado, le fue aprobado, en noviembre de 1793, un viaje de “espionaje tecnológico” que realizaría en compañía de Ignacio Montalvo Ambulodi para disponer en la isla de todos los adelantos técnicos que para la fabricación de azúcar y el cultivo de la caña se aplicaban en otros territorios europeos y americanos. Y se le designó para dirigir en calidad de Síndico, en 1795, un Real Consulado y Junta de Fomento, cuya fundación él mismo había sugerido. A diferencia de los anteriores Tribunales mercantiles, fundados en Guadalajara y Veracruz, en México; Caracas, Venezuela; o Buenos Aires, en el Río de la Plata; el de La Habana unía las actividades tradicionales de Tribunal de alzadas con las propias de una Junta de Fomento de la agricultura. Destino para el cual integraba, en un cuerpo colegiado, tanto a comerciantes como funcionarios y plantadores, en una acción conjunta que buscaba allanar el camino para el alcance de soluciones que pudieran subvertir las dificultades que la implantación de la economía de plantación suponía.

El apoyo que los habaneros dispusieron del grupo aragonés, conformado por el conde de Ricla, el mariscal de Campo Alejandro O’Reilly, inspector de las tropas y auxiliar para la organización en la isla de todos los ramos militares, se extendía en 1790 al Capitán General de la Isla Luís de las Casas Aragorri, quien en su condición de cuñado de O’Reilly, y amigo de Arango, podemos adscribirlo al grupo arandista  . Fue durante su mandato (1790-1795), que se crea en La Habana la Real Sociedad Económica de Amigos del País (1793), se extiende a la Isla el Real Consulado y Junta de Fomento (1795), se favorece el rol asumido por Arango en la Junta de equivalentes, destinada a socorrer a los emigrados blancos llegados a Cuba en consecuencia de la entrega del Santo Domingo español a los franceses (Tratado de Basilea), y Arango logra invalidar la disposición de extrañamiento dictada contra el súbdito inglés, Felipe Alwood, favorecido con un asiento para la entrada de negros esclavos a La Habana. No por gusto, Arango solicita con éxito que la Junta de Fomento fuera presidida por el Capitán General (Las Casas) y no por el Intendente, según era la práctica común en las provincias españolas.

Si bien la estrella del conde de Aranda en España empieza a declinar hacia 1796, como consecuencia del favoritismo de los reyes a favor de Manuel Godoy; la ascendencia de Arango en la Isla continuó progresando, al punto que sus críticas al Capitán General Juan Procopio Bassecourt, conde de Santa Clara, fueron tenidas en cuenta para su reemplazo el 13 mayo de 1799, antes del término de su mandato, por Salvador de Muro Salazar, Marqués de Someruelos, al entenderse que el anterior funcionario no había actuado con la presteza y diligencia necesarias para tener la isla dispuesta, ante la inminencia de un posible enfrentamiento armado con la Unión norteamericana.

El marqués de Someruelos gobernó la Isla entre 1796 y 1812, el más largo de los mandatos cumplidos en Cuba por Capitán general alguno, en una prórroga de funciones para la cual contó con el apoyo expreso del Ayuntamiento y del Consulado, liderados por Arango. Aún cuando no fue un integrante directo del grupo arandista, su gestión fue claramente favorable al grupo plantador, actitud que se hizo presente desde los mismos inicios de su administración, cuando desconoce una Real Orden de abril de 1799 que derogaba una autorización anterior (1797) para comerciar con neutrales. La justificación para suspender la disposición real fue la confianza que a su propio riesgo depositó Someruelos en el Informe que en representación del Consulado elaboró y envió Arango con destino al Ministerio hispano, argumentando como la propia metrópoli sería la más perjudicada con la medida .

La línea de argumentación presentada por Arango en el Informe, seguía los lineamientos sostenidos en el ya mentado pacto colonial aplicado en la Isla a instancias del grupo arandista, y la aristocracia habanera. Esa Habana, planteaba el Sindico “no puede existir sin comercio ultramarino de introducción y extracción” , habida cuenta que “la clase de su industria y constitución económica la ponen en la alternativa o de perecer o de mantener aquel tráfico sin interrupción alguna” . Acción en la que, por demás, -señalamos nosotros- sale beneficiado el propio erario, en la medida que la colonia había dejado de ser la posesión subvencionada para el pago de sus gastos de administración y defensa. Y, ahora, -puntualiza Arango- con la utilidad que le da las rentas de su puerto “vemos en 1798 subir los Reales derechos de esta aduana a un millón 437 mil 245 pesos 7 reales, y según el cálculo de este año pasaremos de un millón 800 mil pesos; de modo que sin las alternativas que hasta ahora se experimentaron ya pasaría de dos millones lo que produciría este ramos. Suspéndase y por primera partida hace S.M tan enorme e inútil pérdida”  .

Estamos, y esto es lo más importante, ante un nuevo pacto que sigue teniendo vigencia aún después que el grupo arandista, su principal instigador, ha perdido parte de su influencia en España; y así todo, los beneficios resultantes de su aplicación justifican su continuidad, aunque para ello se deba desconocer mandatos de obligatorio cumplimiento para otras dependencias americanas. Pragmatismo que es reflejo de una relación poco común, la de una alianza entre dos sectores bien diferenciados por sus fines y objetivos. Uno, el insular, caracterizado por su modernidad, por la búsqueda de la eficiencia económica y productiva que le permita competir con ventaja en el mercado mundial, suscribiéndose, para ello, a nuevos mecanismos administrativos y mejoras tecnológicas relacionadas con el abandono de la filosofía escolástica y su sustitución por lo más avanzado del racionalismo europeo; y otro, el del Despotismo Ilustrado metropolitano, incapaz de alcanzar los avances del proceso de formación del capitalismo, causa final de las derrotas sucesivas que le infringieron en el campo militar y productivo, con el agravante adicional de poder ser despojado, ahora, de su imperio de ultramar.


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