La llamada época de oro del Reformismo (1814-1820)

El retorno a la península de Fernando VII el 22 de marzo de 1814 se hace con el apoyo de los gobiernos que coaligados contra Napoleón lograron su derrocamiento, y que dan origen a una suerte de cruzada conservadora que con la denominación de Santa Alianza se estableció en el Congreso de Viena. Con esta fuerza y las opciones de apoyo de territorios que como el de Cuba se mantenían fieles a la monarquía, alcanzó “el deseado” los recursos y posibilidades para propiciar una reacción realista que tiene entre sus resultados en América (1814-1816) la ejecución de José María Morelos en México, la caída de la segunda república en Venezuela, la derrota de la insurgencia en Bogotá, y las acciones de Goyeneche que dan al traste con las operaciones del ejército argentino del norte en el Alto Perú.

Hacia lo interno de la mayor de las Antillas, la etapa que ahora analizamos tiene la connotación del retorno al pacto colonial en el espíritu con que fue concebido en el último tercio del siglo XVIII. Si bien el período de 1808 – 1814 puede considerarse como uno de los más significativos en la expresión de los lineamientos ideológicos y políticos que distinguirán al reformismo; el de 1814 a 1820 fue en el que las posibilidades de la plantación, en cuando a opción económica, alcanzan el asidero necesario para su progreso y futuro encumbramiento.

La primera manifestación práctica de esta concepción la tenemos con la entrega a Arango, en mayo de este año, de la cédula de seguridad que le permitía residir en Madrid con su familia – los Arango del Castillo-, en momentos que, luego de la disolución de las Cortes y la anulación de la Constitución del 12, se desata la represión absolutista contra los partidarios de las libertades (liberales), y los que habían participado en condición de de diputados en las últimas Cortes. El reconocimiento definitivo al habanero, se lleva a efecto el 2 de julio, cuando al restablecerse el Consejo de Indias, se le nombra para ocupar una de las plazas de Ministro.

En 1816, se tienen en cuenta las sugerencias de Arango para designar a José Cienfuegos Jovellanos, para ocupar la plaza de Capitán General, y se nombra a Alejandro Ramírez, quien ya se había destacado en la administración de Puerto Rico, como Superintendente de Hacienda de la Isla de Cuba. Disposiciones a las que se suman, en el transcurso de este período, la rebaja en un 3% de las rentas municipales; el levantamiento del Estanco del Tabaco y la emisión de un Decreto para el fomento de la población blanca (1817); la permisión, con carácter permanente, del libre comercio con extranjeros (1818); y la disposición sobre tierras realengas y baldías (1819), dirigida a facilitar el libre trasiego con estas por parte de los plantadores, los más interesados en la medida.

Una situación parecida a la que disfrutó Arango, pero momentáneamente a menor escala, la compartió otro de los participantes en las últimas Cortes, Claudio Martínez de Pinillos, futuro conde de Villanueva, y gestor de una R.O para la apertura del comercio americano con extranjeros, conseguida mediante procedimientos poco ortodoxos. Las indagaciones que sobre este particular solicitaron los comerciantes gaditanos, fue abortada con el retorno del monarca, quien desestimó las investigaciones, liberando a Pinillos de un procedimiento bastante engorroso. Beneficio al que se sumó, el 26 de septiembre de 1814, su nombramiento de tesorero general del ejército y hacienda de la Isla de Cuba, cargo que hizo efectivo a su regreso a La Habana en el mes de octubre.

Al igual que sucedió hacia 1763 con la aplicación del ya tantas veces mentado nuevo pacto colonial, cuando la aristocracia habanera participó en la organización y dirección de la milicia reformada, y contribuyó con las inversiones en su sistema de defensa; en 1814, la continuidad de la colaboración consistió en apoyar la reconquista por parte de las tropas realistas del territorio americano, ayudando a sustentar los gastos necesarios para mantener alejadas del contagio revolucionario a las otras colonias cercanas. Así se hizo con los cerca de 45 mil hombres alistados por España para alcanzar este fin y, entre ellos, los 10 mil que procedentes de Cádiz, bajo la dirección del general Pablo Morillo, fueron abastecidos desde La Habana para su arribo sin tropiezos a Venezuela en el mismo año 1814.

Un adelanto a la puesta en la práctica de esta estrategia, aunque a menor escala, databa en la Isla desde el mandato del Capitán General Juan Ruiz de Apodaca (abril de 1812). Considerado uno de los últimos grandes marinos españoles, y durante muchos años ministro de España en Londres, el nuevo gobernador estaba relacionado con los intereses insulares, a través de su esposa María Rosa Gastón de Iriarte y Navarrete. Apodaca, montó un extenso y bien formado grupo de espionaje con la colaboración del padre agustino Sedella, radicado en la Luisiana, la que fue convertida en uno de los principales enclaves con ramificaciones en Baltimore, las Provincias Internas de México y con el apoyo en la Unión Americana del Ministro español Onis, y la participación de un grupo de corsarios de distinta procedencia, entre los que se destacaron, en años posteriores, los hermanos Lafitte, Luis de Aury, y Arsenio Lacarriere Latour. La red establecida entre Apodaca y Sedella sería de gran utilidad en el período de 1814 a 1820, y a su preservación e incremento se dedicarían con gran esmero los Capitanes Generales José Cienfuegos y Francisco Dionisio Vives, y, en primer término, el intendente Alejandro Ramírez.

Por intermedio de esta red se tuvo conocimiento de la intención de emigrantes bonapartista franceses de establecerse en la Luisiana, los que, una vez trasladados a Texas, organizaron expediciones contra México para unirse con los criollos y proclamar a José Bonaparte rey de las Indias ; se informó de una expedición que con centro en Filadelfia perseguía (1816) sublevar a los esclavos de Cuba; y se alertó, sobre la expedición que desde Haití preparaba Bolívar hacia Venezuela.

Las ventajas económicas que con el arribo de Fernando VII se alcanzaron, tenían la contrapartida del peligro de que se aplicara en la Isla las exigencias inglesas de eliminar la trata, dado los compromisos contraídos con los británicos por su colaboración en el retorno del monarca. Exigencia que alcanzó nueva fuerza, al proscribir el Congreso de Viena el tráfico de esclavos, en febrero de 1815. La decisión final sobre este asunto, tuvo la influencia interesada de Arango Parreño, quien, desde su posición de Ministro togado del Consejo de Indias, participó en la emisión pública de un “Voto particular de varios consejeros de Indias sobre la abolición del tráfico de negros” (febrero 1816), cuya redacción final se le atribuye.

La posición del nuevo ministro del Consejo de Indias, pudiera ser mal interpretada a quien no siga las sutilezas de su razonamiento sobre este particular, siempre determinado por las circunstancias. Las que están presentes cuando plantea, no sin cierta ironía, que Europa, desdiciéndose de sus antiguas prácticas, acaba de proscribir el tráfico en beneficio de la humanidad . No sería decoroso para España – añade-  no tomar parte de la gloria que se ganaría aplicando la medida, ni adelantaría nada con rehusarlo, dado que Inglaterra, dueña y señora de los mares, desea ardientemente la universal y perpetua abolición del tráfico, y como tiene medios harto poderosos para conseguir a todo trance sus deseos, inútil y aún perjudicial sería de nuestra parte cualquier oposición. Más de ningún modo podemos convenir en que el tráfico de negros se prohíba repentinamente .

En apoyo de esta posición, alude Arango a que los Estados Unidos concedieron  21 años de plazo a sus súbditos para aplicar la referida abolición de la trata; menciona que el Parlamento de Gran Bretaña no tardó menos de 19 en oír a los hacendados de sus colonia; tiene en cuenta que el Príncipe regente de Portugal lo prohibió cinco años después de haber ofrecido a Su Majestad Británica que coadyuvaría al logro de sus designios, y aún así su aplicación no fue general sino limitada a las costas de África que están al norte del ecuador. Y solo después de estas indicaciones, pasa a señalar la particular situación americana, en que por mantenerse cerradas las costas de África por las continuas guerras y por haber estado imposibilitados los europeos de suplir en América los esclavos que habían fallecido, ha derivado de todo ello el alto precio de estos, la disminución del producto de las haciendas y que el fruto de los precios crezca. Daños – concluye- harto dignos de consideración por sí solos, y que llegarían a un término que la prudencia humana no pude calcular ni prever, si la prohibición del tráfico fuera repentina .

Luego de hacer valer su particular punto de vista sobre la necesidad de tener en cuenta nuestros propios intereses, y que, en la actual penuria del Erario, se logre aprovechar la favorable ocasión para exigir algo a los ingleses. Arango incluye, en otra parte de su escrito, las consideraciones que los firmantes son partidarios se consulten a Su Majestad. Entre estas sobresalen: el cese inmediato del tráfico en las costas de África que están al norte de la línea equinoccial, pero en las situadas al sur, a partir del 22 de abril de 1821, o sea, dentro de unos cinco años; la indemnización por parte de Su Majestad Británica a los dueños de las expediciones españolas que sus cruceros han apresado, nombrando para ese efecto la persona correspondiente que lo hará de común acuerdo con el Consulado de La Habana y el Intendente de Puerto Rico; y se dicten la providencias oportunas para aumentar la población blanca en los dominios americanos .

Casi todas las observaciones señaladas fueron cumplidas por la monarquía. El 21 octubre de 1817, se dispuso ponerse en vigor los medios más eficaces para que se aumentase la población blanca, y la creación de una Junta de Población para hacerla efectiva. Se establece un Tratado con Gran Bretaña (1818), para compensar las pérdidas que pudieran tener los españoles vinculados al tráfico de esclavos. Y, en 1819, se nombra a Arango Juez primero, en la Comisión Mixta establecida en La Habana para cumplir los acuerdos firmados con Inglaterra.

El grado de cumplimiento por parte de Fernando VII de las peticiones del grupo plantador habanero, nos sitúa en las razones para comprender el particular comportamiento que la demanda de autonomía, propia del movimiento juntista americano, tuvo en la Isla. Mientras la autonomía se planteó con mayor fuerza en la América hispana con el retorno de Fernando VII; en Cuba, por el contrario, no se reitera entre 1814 a 1820, pese a que sus implicaciones se habían definido con mucha fuerza entre 1808 y 1814 cuando la autoridad real había sido asumida por otros grupos sociales, con una proyección propia a un liberalismo hispano aún balbuceante, pero que recién se mostraba de manera incipiente.

Comportamiento en el que se expresaba la naturaleza misma del pacto entre el absolutismo y el grupo plantador insular. Este descansaba en que la dominación política de la débil España, no suponía una dominación económica que pudiera poner en peligro los avances que a través de la vía plantacionista había iniciado el occidente insular en el último cuarto del siglo XVIII. Evolución que impedirían otras metrópolis como serían los casos de Francia, Inglaterra o la recién establecida Unión norteamericana, y que España supeditaba a una dependencia política y a un apoyo en recursos financieros cobrados a través de los impuestos de aduanas, de los cuales la Isla también se consideraba asistida al asegurarse, por su intermedio, que los esclavos siguieran abasteciendo en paz sus molinos de azúcar, y que las tropas americanas no pudieran provocar de por sí o mediante su influjo el caos que el proceso independentista implicaba en su primera fase de evolución.