La década crítica, 1931-1941

La aguda crisis económica y política del país iniciada en 1929 tuvo inmediato reflejo en las labores de la AHC, que de una forma u otra vio afectadas todas sus actividades habituales por más de diez años.

En esta coyuntura se produjo cierta reorientación de las tareas académicas y surgieron distintas iniciativas para sortear en lo posible las dificultades. Una de las señales visibles de la crisis por la que se atravesaba fue la baja asistencia a las sesiones ordinarias.

En esta década crítica entraron diez nuevos académicos de número, aunque en los primeros seis años sólo cuatro presentaron sus discursos de ingreso: Carlos Manuel de Céspedes y Quesada (1933), Roque E. Garrigó (1935) y José Manuel Pérez Cabrera (1936) y Gerardo Castellanos (1936). En 1938 lo hicieron otros tres: Diego González, Emilio Roig de Leuchrenring, electo hacía más de tres lustros, y Carlos Márquez Sterling.

El grupo de nuevos numerarios se cierra con Benigno Souza (1939), Gonzalo de Quesada y Miranda (1939) y Federico de Córdova (1940). En sentido contrario, se produjo en 1931 la renuncia tácita de Cosculluela, y en 1934 la salida definitiva de Ortiz, a pesar de la insistencia del resto de los académicos para que desistiera de esa decisión.

En 1939 se acordaba también la renuncia reglamentaria de Salvador Salazar. Otras vacantes se debieron a los fallecimientos en 1933 de Varona y de Montoro; en 1934 de Rodríguez García, de Zayas y de Manuel Márquez Sterling; y en 1939 de Rodríguez Lendián y de Céspedes. En cuanto a la entrada de académicos correspondientes, fue mucho más significativa en el caso de los 30 extranjeros, en comparación con apenas ocho en la categoría de nacionales.

La penuria económica fue el aspecto que mejor identifica esta década. A mínimos se redujo la subvención estatal, a pesar de gestiones en las más altas instancias, como la de Ramiro Guerra en 1933 para que se evitara esa rebaja; e incluso se vio amenazada de desalojo de su local por parte de la Renta de Lotería.

En una sesión solemne del 29 de junio de 1939, el entonces presidente, Tomás de Jústiz, escribió: “apenas tenemos casa donde realizar nuestros múltiples trabajos, porque la incómoda que ocupamos, como organismo del Estado, está amenazada constantemente de ser invadida por el juego oficial; porque poseyendo miles de libros, no tenemos biblioteca por falta de local apropiado para ella; y nuestros pacientes empleados cobran con dificultad y gran atraso”. Por esto no podía ocultar su profundo dolor ante el estado de pobreza en que la tenían los encargados de sostenerla, “como altos dirigentes de la Nación”, pues de nada valían los trabajos llevados a cabo, sin remuneración alguna, para elevar a la AHC “al rango de la primera entre todos los organismos culturales”.

La crisis determinó la suspensión desde 1932 de los concursos que convocaba la Academia a partir de la subvención oficial, aunque se tuvo en cuenta la existencia de un nuevo certamen anual gracias al Legado Rodríguez de Armas. Las convocatorias de éste entre 1932 y 1935 estuvieron dedicadas a la preparación de un Diccionario Biográfico Cubano. En 1932 obtuvo el premio Pánfilo Camacho, mientras que los lauros correspondientes a los años de 1933 a 35 recayeron en Jorge Juárez Cano.

Una muestra de las dificultades para obtener apoyo económico oficial tuvo que ver con las conmemoraciones del centenario del natalicio de Máximo Gómez, para lo cual se votó una Ley en 1936 que disponía un monto de 3 700 pesos, uno de cuyos destinos era la celebración de un concurso convocado por la Academia. Al año siguiente resultó premiada una biografía escrita por Ramón Infiesta, pero la entrega al autor de la recompensa de 500 pesos en efectivo tardó varios meses y sólo fue posible gracias a gestiones de Cosme de la Torriente ante el presidente de la República y la Secretaría de Hacienda.

En la primera sesión de 1939, los académicos se quejaron de la cuantiosa e injustificada rebaja de más de dos terceras partes de la subvención, por lo que se vieron obligados a adoptar acuerdos para regular los gastos más perentorios, como los suelos a los cuatro empleados. Por propuesta de Roig, en noviembre de ese año se celebró una sesión extraordinaria para deliberar sobre la situación económica, en la que se toma el acuerdo de efectuar una visita al presidente de la República para exponer la labor de la Academia y la penuria que venía sufriendo.

El propio Roig, en otra sesión de diciembre de 1939, puso a consideración de sus colegas una moción relativa a gestionar que la Asamblea Constituyente incluyera en la carta fundamental los preceptos necesarios para fijar el tres por ciento de los ingresos del presupuesto para la cultura. Luego de ser analizada durante la primera sesión de 1940, el académico Castellanos propuso que la estudiaran otros colegas abogados, aunque reconocía que el asunto no era materia constitucional, postura apoyada por Lufríu. Cuatro de los académicos presentes que eran abogados, el presidente Jústiz, Coronado, Pérez Cabrera y Córdova, estimaron que no se podía aprobar precisamente por el motivo indicado. Por tanto, tras amplia deliberación, se declara que la Academia era incompetente para esa gestión, reconociendo los buenos propósitos de los promotores de la idea.

Las dificultades económicas debieron incidir sobre la aplicación de nuevas reglas para las publicaciones, según propuesta de cuatro académicos en noviembre de 1936. Entre otras, que los elogios no podían exceder de 60 páginas, al igual que los discursos en sesiones solemnes y públicas, con excepción de la correspondiente al 10 de octubre.

Los discursos de ingreso no pasarían de las 150 páginas y los de contestación de 75 páginas. Los apéndices entrarían en las respectivas extensiones fijadas y los documentos incluidos tendrían que ser inéditos; por otro lado también se restringía el empleo de grabados de fotos, autógrafos o facsímiles. Ya con anterioridad, desde 1933, dejaron de  publicarse las Memorias anuales.

A pesar de esas limitaciones económicas, la AHC continuó su labor en lo referente a las publicaciones. El total de materiales impresos ascendió en este período a 53, lo que representa un promedio anual de 5.3 (inferior a los 8.5 del período anterior). En ese número se encuentran los Anales, los discursos de ingreso, elogios a académicos fallecidos y otras personalidades (como el dedicado a Mario García Kohly); así como obras premiadas en concursos del período anterior y la del concurso extraordinario por el centenario del natalicio de Máximo Gómez.

También se logró mantener la edición de recopilaciones documentales, como fueron la culminación de los seis tomos de las Actas de la Asamblea de Representantes y del Consejo de Gobierno durante la Guerra de Independencia (1928-1933); el tomo V del Centón epistolario de Domingo del Monte  (1938); y tres tomos de Papeles de Martí (Archivo de Gonzalo de Quesada): el primero recogió el epistolario con Máximo Gómez (1933), el segundo el epistolario con Gonzalo de Quesada (1934) y el tercero se agrupa como Miscelánea (1935).

Precisamente el tema martiano comienza a irrumpir con mayor fuerza en las labores académicas en los años finales de esta etapa. En 1938 se le dedicaron los discursos de ingreso de Emilio Roig, Martí en España y de Carlos Márquez Sterling, Martí y la conferencia monetaria de 1891. Por medio de una moción del 9 de junio de 1941, presentada por Llaverías y Quesada, se toma el acuerdo de celebrar todos los 28 de enero un acto solemne para conmemorar el aniversario del natalicio de Martí, “Apóstol de las libertades cubanas”.

Además de las palabras de apertura y cierre, en el acto se presentaría un discurso por uno de los miembros de la Academia sobre la vida y obra de Martí, con preferencia sobre un aspecto nuevo o poco conocido. La duración del discurso no debía sobrepasar 45 minutos y si el tema no lo permitía, el máximo sería de una hora.

El 10 de septiembre de 1940 se presenta una moción firmada por 13 académicos de número destinada a reducir a 15 la cantidad de sillones efectivos en la corporación, propuesta que fue votada a favor por los once numerarios presentes en la sesión extraordinaria del 26 de septiembre. A esta no asistieron los únicos dos académicos que no aparecen entre los firmantes de la moción: Castellanos y Roig.

Es presumible que ambos estaban en desacuerdo con la misma, sobre todo Roig, quien promovió en junio del mismo año la fundación de la Sociedad Cubana de Estudios Históricos e Internacionales (SCEHI). La directiva de ésta estuvo encabezada por el propio Roig (como presidente) y Francisco González del Valle, (como vicepresidente), antiguo académico de la historia a quien se aplicó el precepto de la renuncia tácita.

También formaban parte como vocales otros nombres vinculados anteriormente a la AHC, como Ortiz y Herminio Portell Vilá, antiguo empleado en la década de 1920. Además de Roig, el único académico de número en funciones presente en la primera directiva de la SCEHI fue Castellanos.

En la sesión ordinaria de la Academia del 20 de junio de 1940, se dio lectura a la misiva que daba cuenta de la constitución de la SCEHI. Una mirada a su reglamento muestra que no pocos de sus objetivos coincidían con los de la AHC, de modo que no resulta difícil entrever cierta competencia entre ambas tanto en las prácticas como en enfoques sobre la historia nacional.

Parece evidente que representaban dos maneras diferentes de acercarse a los estudios históricos: la de la AHC más elitista y cerrada; la de la SCEHI más democrática y abierta; la primera, una especie de “Senado” para la historia nacional y la segunda, su “Cámara de Representantes”, para hacer uso de la “metáfora” del sistema republicano representativo. No es casual que en el análisis historiográfico, se haya visto a una como expresión de posiciones más conservadoras y a la otra como encarnación de las tendencias revisionistas.

A pesar de esto, no dejó de existir colaboración o complementación entre ambas o al menos no hubo conflictos insalvables debido a que más allá de opiniones institucionales, primaba la personal de cada historiador.

Año y medio más tarde, en noviembre de 1941, se da a conocer otra comunicación de la SCEHI en que informa que se proponía celebrar una serie de actividades bajo el título de “Contribución de Cuba a la causa de la democracia: dos siglos de lucha por la libertad” y que a la vez tendrían el carácter de conmemoración del aniversario del Partido Revolucionario Cubano. Iniciativas de este tipo debieron estimular el cambio que se observa en las prácticas de la AHC con vista a lograr una mayor incidencia social y visibilidad pública.

Este cambio comienza a partir de la renovación de la mesa directiva en diciembre de 1941, con nuevos cargos para Emeterio Santovenia, elegido como presidente; Carlos Márquez Sterling, vicepresidente, acompañados de los reelectos Lufríu, secretario; González, tesorero; Pérez Cabrera, bibliotecario y Llaverías, archivero.

Antes de pasar al siguiente período, se debe destacar una moción presentada el 6 de octubre de 1939 por Santovenia, Lufríu, Pérez Cabrera, Jústiz y González, para conmemorar el centenario de la fundación del Archivo Nacional de Cuba (el 28 de enero de 1940). Se partía de reconocer la trascendencia de esa institución, la riqueza de sus fondos y la admirable organización que se había logrado con los modestos recursos disponibles, por lo que su primer centenario debía ser aprovechado para rendirle un gran homenaje oficial.

Este debía consistir en la construcción de un edificio adecuado en los mismos terrenos que ocupaba y la adquisición de una completa estantería de acero o madera dura del país para sus fondos. Por tanto, la AHC se dirigiría a los poderes de la República para solicitar una Ley por medio de la cual se concedieran los créditos necesarios para ambos propósitos. Cuatro años más tarde, el Archivo Nacional de Cuba estrenaba su nuevo recinto.

Continua...